Santiago de los Caballeros.– El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó que el control efectivo de las cárceles debe formar parte de la política de seguridad ciudadana para evitar que personas privadas de libertad continúen dirigiendo actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
Ulloa hizo el planteamiento durante la Ruta por la Ciudadanía, desarrollada en Santiago de los Caballeros, donde la Defensoría del Pueblo realizó la jornada “Código Penal para la Ciudadanía”.
“La seguridad ciudadana debe empezar también en las cárceles. Una detención debe interrumpir la capacidad de dirigir operaciones criminales”, afirmó.
El defensor del Pueblo sostuvo que el Estado debe garantizar que los centros penitenciarios cumplan su función constitucional y contribuyan a proteger a la sociedad.
Ulloa propone fortalecer control penitenciario
Entre las medidas planteadas por Ulloa figura la clasificación de las personas privadas de libertad según su nivel de riesgo y situación procesal.
También propuso impedir las comunicaciones ilícitas, sin afectar los contactos autorizados por la ley, así como profesionalizar al personal penitenciario y establecer controles de integridad en la administración de los centros.
Asimismo, planteó investigar las conexiones financieras y las posibles complicidades que permitan mantener actividades delictivas desde prisión.
“La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero”, expresó.
Más de 25,000 personas están privadas de libertad
Según estadísticas oficiales citadas por Ulloa, a febrero de 2026 República Dominicana registraba 25,878 personas privadas de libertad, de las cuales el 65.5 % se encontraba en prisión preventiva.
El funcionario también citó un estudio sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios, según el cual la mitad de la población reclusa con problemas de salud no recibe atención adecuada.
A partir de estos datos, Ulloa consideró necesario revisar la duración de los procesos judiciales y las condiciones de custodia.
Plantea prevenir conflictos antes de que ocurran homicidios
El defensor del Pueblo también llamó a fortalecer las políticas de prevención de la violencia y atención temprana de conflictos.
Recordó que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó en su rendición de cuentas de marzo de 2026 que el 58.9 % de los homicidios registrados tenía su origen en conflictos sociales.
“Ese dato nos obliga a actuar antes de que una amenaza, una riña o una disputa termine en una muerte”, señaló.
En ese sentido, propuso ampliar los mecanismos de mediación y solución pacífica de conflictos.
Defiende la reinserción de las personas privadas de libertad
Ulloa sostuvo que la política penitenciaria también debe preparar a las personas privadas de libertad para su regreso a la sociedad.
Su planteamiento toma como referencia el artículo 40, numeral 16, de la Constitución dominicana y la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de República Dominicana.
El funcionario propuso ampliar los programas de educación, atención de salud mental, tratamiento de adicciones y formación para el trabajo dentro de los centros penitenciarios.
“La responsabilidad del Estado continúa durante el cumplimiento de la pena y debe preparar el regreso a la comunidad”, afirmó.
Propone medir resultados de las políticas de seguridad
El defensor del Pueblo planteó además que las políticas de seguridad tengan responsables, presupuesto, plazos e indicadores públicos que permitan medir sus resultados.
Entre los indicadores mencionó la victimización, el esclarecimiento de delitos y la reincidencia.
La jornada en Santiago forma parte de la Ruta por la Ciudadanía, que ha recorrido ocho provincias en aproximadamente un mes: Dajabón, Nagua, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal y Santiago.
La iniciativa continuará extendiéndose por el territorio nacional con espacios de diálogo, orientación y educación sobre derechos ciudadanos.
