SANTO DOMINGO – Tras la Cumbre Presidencial del Doral convocada por el presidente Donald Trump, diversos sectores proponen que la República Dominicana adopte la política de seguridad denominada Escudo de las Américas. Esta iniciativa busca que el Estado asuma el combate al crimen organizado transnacional como un objetivo de alto interés nacional, amparándose en el artículo 260 de la Constitución.
Refuerzo fronterizo y defensa aérea La propuesta exige la aprobación inmediata de una ley que declare el estado de excepción en toda la región fronteriza para defender la soberanía frente a las milicias terroristas de Haití. El plan contempla que el Gobierno declare de urgencia la conclusión del muro fronterizo mediante el uso de tecnologías avanzadas y establezca mercados binacionales en zonas cerradas bajo estricta vigilancia.
En el ámbito de la defensa, se insta a las autoridades a aprobar el proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima, el cual permitirá el derribo y hundimiento de naves dedicadas al narcotráfico dentro del espacio nacional. Asimismo, el país debe reforzar sus medidas contra posibles ataques con drones bélicos, una amenaza cada vez más frecuente en el territorio haitiano.
Tecnología y vigilancia estratégica Para fortalecer el control del espacio nacional, el plan demanda la puesta en operación de radares 3D de largo alcance y un sistema integrado de mando, un proyecto en cooperación con Israel que permanece paralizado desde el año 2009. Además, las autoridades deben instalar torres de radares en las costas para la vigilancia marítima y obligar a todas las embarcaciones de 21 pies de eslora a portar un localizador.
En los puntos de entrada, el Gobierno debe instalar equipos de gran capacidad tecnológica en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres para detectar armas, drogas y amenazas radiológicas o sanitarias. También se propone la implementación de un escudo cibernético y controles biométricos para quienes reciben remesas o adquieren equipos telefónicos.
Reformas legales y control de extranjeros La estrategia propone cambios profundos en el sistema judicial, incluyendo la creación de un Tribunal especial de Jurisdicción Nacional para criminalidad compleja y la aplicación rigurosa de la ley de extinción de dominio. Igualmente, se sugiere revisar el tratado de extradición con los Estados Unidos para eliminar la "puerta giratoria" que permite a los narcotraficantes recibir penas benignas y conservar sus narcofortunas.
Finalmente, el plan establece controles estrictos sobre la población extranjera. El Poder Ejecutivo debe autorizar previamente la compra de inmuebles por parte de extranjeros tras un proceso de depuración de inteligencia. Además, debido a los conflictos regionales en el Gran Caribe, se recomienda adoptar una política restrictiva en la concesión de visados para proteger la estabilidad del país.
