El Senado de la República aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas, el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La iniciativa fue declarada de urgencia luego de que el senador Antonio Marte presentara una moción para incluirla en la orden del día y liberarla de todos los trámites legislativos.
La reforma introduce una contribución especial obligatoria para personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Los recursos recaudados servirán para crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos sólidos y fortalecer el sistema nacional de gestión integral.
Definen aportes según el nivel de ingresos
La nueva normativa establece que las contribuciones se calcularán de acuerdo con los ingresos anuales de cada empresa o entidad. Las organizaciones con ingresos de hasta RD$5 millones deberán aportar RD$3,500, mientras que aquellas con ingresos entre RD$5 millones y RD$10 millones pagarán RD$6,000.
Las empresas con ingresos entre RD$10 millones y RD$25 millones aportarán RD$20,000. En tanto, las entidades con ingresos superiores a RD$100 millones deberán contribuir con RD$400,000, mientras que las que registren ingresos entre RD$300 millones y RD$500 millones pagarán RD$500,000. Para las empresas con ingresos entre RD$500 millones y RD$700 millones, la contribución ascenderá a RD$675,000.
La ley dispone que las empresas privadas liquidarán estos montos anualmente ante la DGII, aunque podrán optar por realizar el pago en dos cuotas semestrales. Posteriormente, la DGII transferirá los recursos a la Tesorería Nacional, que los depositará en el fideicomiso creado para financiar la gestión integral de residuos.
La reforma incluye restricciones ambientales
El proyecto también establece que solo podrá operar un vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones ubicadas en un radio de 70 kilómetros, con excepción de la región Ozama debido a su alta densidad poblacional.
Asimismo, la legislación dispone que los productos fabricados con poliestireno expandido (foam) deberán alcanzar un nivel de biodegradabilidad del 20 % durante el primer año y del 90 % en un plazo de cinco años.
La pieza también prohíbe la importación de sorbetes, vasos, cubiertos y otros productos elaborados con plástico o foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad, en cumplimiento de los criterios establecidos por la ley.
Antes de la aprobación en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que la reforma sería aprobada antes del 26 de julio, fecha en que concluye la actual legislatura, con el objetivo de introducir los ajustes que, según afirmó, requiere la legislación vigente.
