SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) emitió la Resolución 001-2026, mediante la cual detalla los requisitos obligatorios para renovar los permisos de trabajo temporales (TT-1) de extranjeros no residentes. Esta nueva disposición, que aplica tanto para solicitudes nuevas como para aquellas en trámite, busca fortalecer la transparencia de los procesos y brindar mayor seguridad jurídica a empleadores y trabajadores extranjeros.
Contratos formales y fin de las declaraciones juradas La institución exige que toda solicitud de permiso cuente con un contrato de trabajo formal registrado en el Ministerio de Trabajo. La DGM advierte que no admitirá declaraciones juradas como sustituto del sustento laboral, ya que la Ley de Migración No. 285-04 no contempla este tipo de documentos. Además, los empleadores deben presentar una certificación de inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y una carta que justifique la renovación, garantizando la permanencia del trabajador durante el período autorizado.
Para realizar el proceso a través de la plataforma institucional, los interesados deben presentar los siguientes documentos:
- Pasaporte vigente con al menos 18 meses de validez.
- Carné de trabajador temporero y certificado médico.
- Póliza de garantía migratoria y constancia de inscripción en la TSS.
- Una dirección registrada dentro de la zona autorizada para laborar.
Responsabilidades del empleador y prohibición de labores informales La resolución establece de manera expresa que el empleador asume la responsabilidad de coordinar con la autoridad migratoria la repatriación del trabajador hacia su país de origen una vez concluya el vínculo laboral.
Asimismo, la DGM prohíbe estrictamente que los portadores de este permiso realicen trabajos informales. La normativa menciona actividades específicas como el "motoconcho", taxista, vendedor ambulante, delivery y mensajero, entre otros.
Sanciones y objetivos de la medida El incumplimiento de estas condiciones, así como la permanencia irregular en el país, conllevará sanciones que incluyen la cancelación del estatus migratorio y la deportación del extranjero. De igual forma, la DGM aplicará multas a los empleadores que contraten personal bajo estos permisos sin cumplir con el debido proceso de contratación empresarial.
Finalmente, la institución aclara que esta resolución no introduce nuevos requisitos, sino que organiza y refuerza el cumplimiento de la legislación vigente para garantizar una gestión migratoria clara y ordenada.
