MIAMI.- Activistas y residentes de Doral, Florida, exigieron este miércoles al Ayuntamiento de esa ciudad que revoque el acuerdo que permite la cooperación de la Policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ante el aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes.
Doral es conocida por concentrar una de las mayores proporciones de población venezolana en Estados Unidos. Los activistas sostienen que la ciudad se ha convertido en un centro de las operaciones migratorias y pidieron a las autoridades locales tomar distancia de estas acciones.
Eleazar Guevara, emprendedor y miembro del Venezuelan American Caucus, entregó al Concejo de Doral firmas de 170 familias que solicitan la revocación del acuerdo 287(g), mediante el cual la Policía local puede colaborar con ICE en determinadas funciones migratorias.
Guevara afirmó que el temor generado por las redadas ha afectado a familias y negocios de la ciudad. Según los activistas, algunos establecimientos han reportado reducciones de entre 70 % y 80 % en sus ventas debido a que trabajadores y residentes evitan salir de sus viviendas.
Reclaman terminar colaboración con ICE
Los activistas estuvieron acompañados por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 asociaciones.
La coalición sostiene que la oficina de ICE en Miami, cuya jurisdicción incluye Doral, se encuentra entre las zonas con mayor actividad de arrestos migratorios del país.
Los grupos anunciaron que continuarán reuniendo apoyo ciudadano para impulsar una votación del Concejo de Doral sobre la permanencia del acuerdo.
Mientras tanto, la alcaldesa republicana Christi Fraga sostiene que la ciudad está obligada a mantener el convenio por una ley del gobernador de Florida, Ron DeSantis, aunque los activistas señalan que otras ciudades no han suscrito acuerdos similares.
Impacto económico y temor en la comunidad
El activista Juan Cuba afirmó que las deportaciones han representado un costo de 62 millones de dólares para los contribuyentes locales, citando datos del Economic Policy Institute.
Los residentes también han descrito una reducción de la actividad comercial y mayor temor entre las familias. Liz Rebecca Alarcón, residente de Doral y fundadora del medio sin fines de lucro Pulso, afirmó que nunca había visto la ciudad tan vacía.
La situación ha generado preocupación incluso entre familias con estatus migratorio regular, debido al temor a las operaciones de ICE, según testimonios recogidos por EFE.
La controversia aumentó tras la visita a Doral del llamado zar de la frontera, Tom Homan, quien la semana pasada habló de un récord nacional de casi 200,000 arrestos migratorios en los últimos cuatro meses y anticipó una intensificación de las deportaciones en 2027.
